Contrato Social roto

Me comentaba, en la 9.70 AM, la diputada Blanca Lila Mignarro, de la Comisión Bicameral de Presupuesto, que este comité del Congreso está fijando las cifras del Presupuesto General de Gastos de la Nación en aproximadamente cuarenta y nueve billones de guaraníes, unos once mil seiscientos millones de dólares norteamericanos.

Y me admitió, en esa conversación, que al menos el ochenta por ciento de esa enorme cifra se deberá destinar a salarios, bonificaciones, subvenciones, premios y jubilaciones de los empleados públicos.

Me prometió, la diputada, que mañana lunes me haría llegar los detalles, de modo que aún carezco de información del total de gasto burocrático (esos pagos para los burócratas, más los gastos de funcionamiento del Estado –luz, agua, teléfono, Internet, combustible.-) y del total del gasto no aplicado a inversiones (lo anterior más el servicio de la deuda pública).

Pero Mignarro me confirmó que la Comisión Bicameral no sabe como calzar este Presupuesto, pues tiene un gran desfinanciamiento: Los ingresos previstos no cubren los gastos anunciados.

Si a esto sumamos las disposiciones de la Ley de Administración Financiera, que obligan al ministro Dionisio Borda a priorizar totalmente el pago de los burócratas, tenemos que queda muy poco para que el Estado invierta en los servicios que debe prestar.

Los invito a recorrer, no ya el Departamento de Concepción o el de Canindeyú, sino cualquier población dentro del radio de cincuenta kilómetros de Asunción para entender lo que esto significa.

Las escuelas públicas carecen de bibliotecas dignas de ese nombre (las que hay solamente son depósitos de unos escalos manuales básicos, algunas colecciones publicadas por los diarios, y alguna novela donada por gente de buena voluntad). Carecen de laboratorios, de Internet, de pupitres, de baños. Carecen de canchas de fútbol, de volley o de cualquier deporte.

Los centros públicos de Salud carecen de equipos de primeros auxilios para cualquier problema mayor que una rotura ósea o una indigestión; hablar de mamógrafos, o de desfibriladores, o de ambulancias, me convertiría rápido en objeto de burla del Ministerio de Salud, que posiblemente me trataría de lunático por exigir semejantes cosas.

Las rutas, salvo las tres que siempre promociona el gobierno, están en el borde de su vida útil, en el dudoso caso de que estén pavimentadas para todo tiempo, con escasa señalización, pésima iluminación y rudimentario mantenimiento.

La Policía tiene asiento en comisarías que parecen museos del siglo XIX, sin intercomunicación, sin bases de datos, sin preparación alguna para combatir seriamente el delito.

Tienen suerte esos poblados si tienen agentes del Ministerio Público cerca, o jueces.

En un plano más general y geográficamente completo, no tenemos sino dos aeropuertos dignos de ese nombre (Asunción y Ciudad del Este), ambos en condiciones lamentables; no tenemos trenes, no tenemos autopistas, salvo unas decenas de kilómetros (otra vez entre Asunción y Ciudad del Este); no tenemos agua corriente para millones de paraguayos, ni desagues cloacales.

No tenemos seguridad social (entre IPS y SAS no cubren ni al diez por ciento de la población); no tenemos Defensa (nuestras Fuerzas Armadas no están armadas en absoluto en términos reales).

En síntesis, cualquiera que salga de Asunción puede ver a simple vista y sin necesidad de ningún consultor económico, que nuestro Estado no cumple las funciones para las que lo creamos y lo financiamos.

La mamá del chico que va a cualquiera de las escuelas mencionadas más arriba, o que debe llevarlo al centro de Salud, paga impuestos, aún cuando no se lo digan. Lo hace al comprar la Coca Cola en la despensa, al pagar el pasaje en el micro, al ir al mercado o a la farmacia. Ella paga para contribuir a sostener un Estado que se formó para garantizarle educación, salud, comunicaciones, seguridad, justicia, defensa.

Pero ese Estado no le da sino remedos de mala calidad de los servicios por los que ella paga. Y la razón está en que mucho más del ochenta por ciento de lo que ella paga se usa, no para implementar esos servicios, sino para financiar a los funcionarios públicos, a un grupo de doscientos cincuenta mil paraguayos.

Esto no lo digo yo. Lo dicen las cifras del Presupuesto General de Gastos de la Nación que se están discutiendo en la Comisión Bicameral de Presupuesto.

Es decir, todos los paraguayos hemos sido convertidos, por los políticos a los que confiamos la administración del Estado, en servidores del Estado. Nosotros trabajamos para el Estado, el Estado no trabaja para nosotros. Nosotros fundamos el Estado para que nos sirva, pero esos políticos terminaron por hacernos servir al Estado.

Y todavía no están contentos. Quieren más. Quieren que paguemos nuevos impuestos para sostener privilegios tales como enfermeras con apenas el bachillerato terminado pero con recomendaciones de diputados ganando más de cuatro millones de guaraníes mensuales.

Nos están obligando a pagar aumentos y seguros médicos a funcionarios judiciales que tienen el mayor índice de morosidad judicial de América, pero que cuentan con buenas recomendaciones de ellos, de los políticos.

Eduardo Petta, dimitido director de la Policía Caminera, me contó el viernes, también en la 9.70 AM, que la nueva jefa de personal de la entidad está realizando numerosos nombramientos para beneficiar al partido Tekojojá. Eso nos están obligando a pagar.

Claro, con tanto aumento y favor y privilegio, el dinero ya no alcanza, como lo reconoció Mignarro. Y para que alcance es que el senador Sixto Pereira quiere impuesto a la renta personal e impuesto a las exportaciones de soja.

Pereira no es, por supuesto, el único. Aunque es uno de los más voraces, la mayoría de los demás políticos compiten con él por el mismo premio. No se diferencian en nada.

Los paraguayos no tenemos por qué soportar a un Estado que no nos sirve. No existe ninguna obligación moral que nos imponga la carga de solventar a un Estado que solamente sirve a los políticos y a sus burócratas. Eso no está en nuestra Constitución, ni jamás ha estado en ninguna Constitución democrática de la historia, ni lo estará.

Los impuestos se pagan solamente a cambio de prestaciones. No derivan de alguna obligación establecida por algún dios, sino que nacen del Contrato Social que estos políticos han roto.