El Consejo de la Magistratura

Creo que ningún paraguayo es ajeno hoy a la catastrófica situación moral en que se encuentra el Poder Judicial de nuestra república, sumido en la más oscura sima (con “s”), en el más hondo pozo en el que jamás se haya encontrado desde que nos dimos nuestra feliz Independencia.

Tanta conciencia hay sobre el problema que incluso los políticos, que son algunos de los beneficiarios de tanta podredumbre, están ya preocupados y presentando proyectos de enmienda a nuestra Constitución para modificar el Consejo de la Magistratura que, en efecto, ha sido uno de los principales instrumentos de la actual degradación del sistema judicial.

Dice el Artículo 262 de nuestra Ley Fundamental que “el Consejo de la Magistratura está compuesto por: un miembro de la Corte Suprema de Justicia, designado por ésta; un representante del Poder Ejecutivo; un Senador y un Diputado, ambos nominados por su Cámara respectiva; dos abogados de la matrícula, nombrados por sus pares en elección directa; un profesor de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional, elegido por sus pares, y un profesor de las facultades de Derecho con no menos de veinte años de funcionamiento, de las Universidades privadas, elegido por sus pares”.

El Artículo 263 de nuestra Carta Magna dispone que “los miembros del Consejo de la magistratura deben reunir los siguientes requisitos: Ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta y cinco años, poseer título universitario de abogado, y, durante el término de diez años cuanto menos, haber ejercido efectivamente la profesión, o desempeñado funciones en la magistratura judicial, o ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica, conjunta, separado o alternativamente”.

A mi modo de ver el problema de la nominación de los pésimos magistrados que ahora deshonran al sistema judicial paraguayo tiene que ver con la promoción de personas en base a recomendaciones y a pactos particulares entre los políticos, pero no solamente entre ellos.

Los magistrados se comportan igual y el caso que afecta a la nuera del senador Saguier lo demuestra claramente.

A la magistratura paraguaya no entran los mejores, entran los que tienen recomendaciones más eficaces y los resultados, horrendos, están a la vista y son evidentes por sí mismos.

El proceso de nominación de jueces, en todo el mundo democrático, como se han encargado de repetir hasta el hartazgo los políticos para justificar sus sucias componendas, es político. Y no puede ser sino político, porque debe ser un proceso democrático.

Pero debe ser un proceso político en el que los conflictos de interés deberían ser reducidos al mínimo posible o eliminados.

La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, ya participa en el proceso de selección de jueces como la instancia decisiva (Art. 264, Inc. 2). Su presencia en el Consejo no solamente es redundante y peligrosa (los ministros de la Corte Suprema quedan envueltos en las sórdidas transacciones de los políticos), sino que genera un conflicto de interés cuando el Consejo nomina a los integrantes de ella misma (Art. 264, Inc. 1).

Por tanto, tras veinte años de experiencia negativa, la Corte debería dejar de tener representación en el Consejo.

Los abogados son, por definición, litigantes ante los jueces. Un juez que le debe el cargo al abogado que influye en el gremio representado en el Consejo difícilmente podría ser imparcial en cualquier caso en que dicho abogado participe. Es un claro conflicto de intereses que perjudica a todos los abogados que no influyen en el gremio y, lo más importante, que perjudica irremediablemente al principio de imparcialidad.

Consecuentemente, después de veinte años de malos resultados, el gremio de los abogados no debería seguir teniendo representación en el Consejo.

Las universidades, por otra parte, son las que han dado títulos a las nulidades que hoy ostentan el certificado de abogados, y aún de doctores de la ley, y que deshonran al sistema judicial no solamente por los casos de corrupción que salen a luz diariamente, sino por la ignorancia supina que suelen demostrar no sólo en sus sentencias, sino incluso cuando hablan.

El pueblo paraguayo no tiene por qué confiar en tales universidades la nominación de los jueces. Por sus frutos los conoceréis decía Jesús de Nazareth (Mateo, 7:16) y el de las facultades de Derecho está casi todo podrido.

Luego, con veinte años continuos de fiasco, las universidades carecen de cualquier justificación para tener representación en el Consejo.

Los frutos de los políticos no son mejores, pero en las democracias deben respetarse algunos principios para que ellas sigan siendo democracias. Uno de ellos es que, en las democracias, la justicia emana del pueblo (Artículo 3 de nuestra Constitución).

Esto significa no solamente que se debe juzgar en nombre del pueblo, sino que el pueblo es el que debe decidir, directamente o través de sus representantes, quiénes juzgan.

Señalo esto porque, desde el punto de vista de la aplicación del principio de justicia popular, no solamente es correcta sino que es necesaria la participación de los delegados de las cámaras del Congreso en el Consejo de la Magistratura, pues ellas invisten claramente la representación del pueblo.

La ventaja decisiva está en que nosotros, el pueblo, podemos castigar a los miembros del Congreso y, en cambio, no podemos castigar a los ministros de la Corte, al gremio de los abogados ni a las universidades. Nosotros, el pueblo, controlamos al Congreso, pero no a la Corte, ni al gremio de los abogados, ni a las universidades.

Hay una sub representación del pueblo en el actual Consejo, debería haber más senadores y diputados en lugar de representantes corporativos del gremio de los abogados (actualmente dos representantes directos del gremio, más dos profesores universitarios, para no mencionar que todos los miembros del Consejo deben, innecesariamente, sin motivo alguno, ser abogados –Art. 263-).

Los abogados miembros del Congreso tampoco deberían ser miembros del Consejo (lo cual requiere una enmienda del Artículo 263 de nuestra Constitución) porque para ellos se aplica plenamente también el conflicto de interés que existe para el gremio de los abogados, más todavía si se considera que los abogados miembros del Congreso litigan (como Oscar Tuma y Fernando Silva Facetti).

Sin la presencia de representantes del pueblo, como pretende el diputado Cándido Aguilera, el Consejo de la Magistratura sería una especie de Cámara de los Fascios y las Corporaciones de Benito Mussolini.

Para los políticos que no lo saben, la Cámara de Fascios y Corporaciones era el poder legislativo italiano durante la dictadura fascista y estaba integrada por representantes de gremios y universidades y no por representantes del pueblo.

Es el pueblo el que debe tener la palabra en la nominación de los jueces y no las corporaciones. Y en esa dirección debería encaminarse la reforma del Consejo de la Magistratura.

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