La fiscalía para el partido

La opinión pública, y el electorado, deben agradecer a los senadores Blas Llano y Luis Alberto Wagner la muy clara exposición que, mediante el enfrentamiento que mantienen, hicieron del programa real del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y de su funcionamiento efectivo.

Según los medios, el senador Wagner denuncia que el senador Llano está negociando con el fiscal general Rubén Candia Amarilla y otras fuerzas políticas la continuidad del mencionado funcionario a cambio de que este mantenga en la jurisdicción de Alto Paraná a fiscales afines al PLRA con fines de “recaudación”.

Esta información se puede leer en las ediciones digitales de ayer de los diarios ABC (http://bit.ly/riEd2N) y Ultima Hora (http://bit.ly/pmgfpQ). En la 9.70 AM tuvimos la oportunidad de transmitir el reporte del fuerte altercado que, en efecto, sostuvieron en la sede del Congreso ambos legisladores.

La información no merecería más importancia que la que se da a las aburridas peleas que los liberales sostienen por lograr colocar a sus operadores en tal o en cual cargo público si no fuera porque hace pocos días un fiscal de Ciudad del Este, Miguel Kunzle, fue sorprendido por su colega Arnaldo Giuzzio en el momento de embolsarse una suma de dinero que según las filmaciones solicitó para firmar una resolución.

El fiscal Kunzle llegó al cargo recomendado por el PLRA y es simpatizante de ese partido y estaba en plena campaña para convertirse en juez de nuestra República cuando le ocurrió el percance de ser encontrado en flagrante acción de guardar un dinero inexplicable en los bolsillos de su saco. Un acto incontrovertible de “recaudación”.

A pesar de eso, a pesar de la flagrancia, la Corte Suprema de Justicia, donde hay tres miembros del PLRA (Sindulfo Blanco, Miguel Oscar Bajac y Gladys Bareiro), dispuso que la suspensión que correspondía al fiscal Kunzle fuera “con goce de sueldo”.

El fiscal Giuzzio me dijo el viernes que la decisión de la Corte le parecía lamentable y que podía interpretarse como un premio para el suspendido, que de momento seguirá cobrando pero sin trabajar.

La superintendencia de la circunscripción judicial de Alto Paraná es ejercida por los ministros Víctor Nuñez, colorado, y por los liberales Blanco y Bareiro.

Esta decisión de la Corte indica que el fiscal Kunzle es, efectivamente, protegido y apreciado. Para entenderlo basta comparar su suspensión con goce de sueldo a pesar de la flagrancia de su acción, con la suspensión con apenas el cuarenta por ciento del salario que se impuso al juez Gustavo Bonzi, a quien no se le imputa ninguna inmoralidad, sino una interpretación “excesivamente garantista” de la ley.

Lo cual, a su vez, sugiere que el PLRA verdaderamente tiene un interés especial por los fiscales de Alto Paraná, tal como denunció el senador Wagner. O al menos un sector del PLRA.

No está demás recordar que el PLRA no emitió ningún pronunciamiento de ningún nivel o naturaleza sobre los hechos protagonizados por el fiscal Kunzle, su recomendado.

Es llamativo que en ningún momento de este enfrentamiento entre los senadores Wagner y Llano se haya discutido, por ejemplo, sobre la necesidad de aumentar las penas a los fiscales corruptos, ni de los mecanismos que eviten que el Consejo de la Magistratura siga promoviendo a recomendados políticos, ni siquiera de los mecanismos que permitirían al PLRA recomendar a personas íntegras y no a jóvenes totalmente averiados para las diversas fiscalías y juzgados.

El senador Wagner habló vagamente, durante la pelea, de la necesidad de promover a personas capaces, pero la retórica ya no alcanza a esta altura de la descomposición moral de nuestra República; ahora son necesarias medidas concretas. Recomendar a ángeles, arcángeles o miembros de los demás coros celestiales solamente sirve para encubrir la continuidad de un sistema que promueve la corrupción, la impunidad y la injusticia.

Un fiscal nombrado para proteger “recaudaciones” se siente plenamente habilitado para “recaudar” también para sí y al “recaudar” para sí asegura la impunidad de los que pueden pagar lo “recaudado” mediante negocios ilícitos, asegura la injustica para quienes no pueden pagar y establece la corrupción como verdadero código procesal del sistema judicial paraguayo.

De hecho, esto es lo que está ocurriendo a lo largo y a lo ancho del país.

Las resoluciones tienen precio, se cotizan las sentencias, la magistratura tiene tarifas, los negocios de políticos son protegidos, muchos se han convertido en millonarios y no hay frontera alguna, más que la establecida en las cuentas bancarias, que separe lo legal de lo ilegal.

Para proteger esto es que los políticos están postergando y postergando y postergando la sanción de la ley de financiamiento de partidos y organizaciones políticas y para impedir que gente no contaminada pueda desmontar este sistema es que están posponiendo y posponiendo y posponiendo el desbloqueo de las listas “sábana”.

Aunque ustedes no lo crean, hay gente que me dice que cuando hago una reflexión como la que antecede soy injusto porque los colorados, y los demás, son iguales y hacen las mismas cosas.

A todos los que me dicen eso quiero responder que justamente porque sospecho que los colorados y los demás hacen las mismas cosas es que es imperativo señalárselo particularmente al PLRA, porque ese partido nos dijo que era el cambio; que teníamos que votarle porque venía para cambiar precisamente esas cosas y otros asuntos semejantes.

Cuando un partido político promueve a un fiscal como Miguel Kunzle queda claro, para toda la opinión pública y para el electorado, que ese partido no lo hace porque busque mejorar la administración de justicia en el país, ni contribuir a que la sociedad encuentre respaldo en los fiscales.

Lamentablemente, hay elementos suficientes para pensar que Miguel Kunzle no es una excepción. Todos los nombramientos del Consejo de la Magistratura se originan en padrinazgos y se logran mediante acuerdos de reparto de cupos.

Cuando tal partido promueve a tales fiscales queda claro que al aspirar a la dirección del Ministerio Público, a la Fiscalía General del Estado, no tiene propósitos distintos, sino solamente mayores ambiciones.

Este artículo no es un apoyo para el nombramiento de Javier Díaz Verón como fiscal general, sobre cuyos atributos morales nada puedo decir pero sobre cuyo proceso de designación caben exactamente las mismas críticas aquí expresadas. Que conste.